[Parte I]
Acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Diversidad Biológica y, a pesar de los múltiples mensajes de redes sociales en pro de la protección del medio ambiente, basta con una conversación en el territorio para identificar que los principios bajo los cuales se rige la Política Ambiental Colombiana, siguen siendo ignorados en la planeación de nuestras zonas rurales.
Siguiendo la costumbre de un “café mañanero” en el
parque de Jericó, Antioquia; tal como suele suceder en todos nuestros
municipios, las preocupaciones comunitarias se fueron incorporando en cada
conversación. Me llamó la atención que sólo dos días después de conmemorar el
DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, muchas de esas inquietudes de
comunidad se orientaran a la actividad agrícola y sus afectaciones al medio
ambiente, especialmente frente a un recurso fundamental para la supervivencia
humana como el recurso hídrico.
La venta de una de las haciendas más reconocidas en
la zona del corregimiento de Palocabildo, ha prendido las alarmas en los
habitantes del territorio. El inminente establecimiento de cultivos de Aguacate y Gulupa en las zonas de afloramiento
y captación del agua para acueductos como el de la vereda La Hermosa, tiene a
muchos campesinos de “pelo parado”, teniendo en cuenta que, a las dificultades
ambientales y sociales con las empresas reforestadoras y mineras, se suma un
nuevo actor que amenaza la diversidad biológica de nuestras montañas.
La Diversidad Biológica constituye, de acuerdo al
concepto de la ONU[1], “la base de la vida y de los servicios
esenciales que brindan los ecosistemas”, sin embargo, cada día nuestros
campesinos observan como ese “fundamento
de los medios de vida y el desarrollo sostenible de la población en todas las
esferas de actividad, incluidos los sectores económicos como la agricultura, la
silvicultura, la pesca y el turismo, entre otros”; viene desapareciendo y, consecuentemente, afectando
las comunidades, su vida, su bienestar… su dignidad.
Siguiendo los principios rectores de la ley 99 de
1993, la biodiversidad del país está definida como “patrimonio nacional y de interés
de la comunidad” y, a su vez, goza de protección prioritaria con
aprovechamiento “en forma sostenible”.
Ahora, nuestra ley también tiene su fundamento en los principios de la
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, pero al observar
atentamente la normativa ambiental colombiana, las estrategias o mecanismos
para “eliminar las modalidades de
producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas”[2]
se observan insuficientes y carentes de conocimiento real de los territorios.
@pipecorreac
[2]
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Principio 8. http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
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